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Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia global del SARS-COV2 son las deficiencias de nuestro sistema para adaptarse a un escenario donde la educación debe prestarse de un modo no presencial. Sobre este tema gira la presente ponencia, donde el profesor Salazar expone los retos que ha supuesto y supone la necesidad de garantizar a los alumnos de educación básica y media-superior una educación de calidad incluso en las circunstancias como las actuales.
Ocurre que la docencia, tal y como se ha venido planteando hasta ahora en prácticamente todos los planes y programas educativos, es esencialmente presencial y está ideada desde ese punto de partida. Pero, de pronto, el modelo ha tenido que cambiar radicalmente debido a la situación sanitaria, pasando a sistemas de teledocencia.
Esto mismo ha permitido detectar una serie de carencias tanto en el acceso por parte de sectores vulnerables a los medios tecnológicos a través de los que ahora se imparte la docencia como la ausencia de una preparación previa a los propios profesores para continuar con su labor a distancia, llevándoles a una situación de incertidumbre.
Porque si algo hay que tener claro es que ante todo debe primar el derecho a la educación, pero no a cualquier educación, sino a un aprendizaje de calidad que sea de provecho para el alumno. Y ello solo se consigue cuando es posible transmitir no solo los conocimientos, sino también todos esos valores agregados que tiene la enseñanza.
Pero esta necesidad de garantizar la educación choca en la actualidad con una serie de barreras, especialmente tecnológicas, que dificultan o impiden la adecuada formación de los estudiantes.
De este modo, el derecho de acceso tecnológico se vuelve una pieza clave en los planes educativos, debiendo ser tenido en cuenta a la hora de establecer los mecanismos pertinentes para que la educación a distancia sea efectiva y realmente garantice los derechos de los estudiantes, también de los que se encuentran en las situaciones más desfavorecidas.

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